A partir del 1 de septiembre de 2026, la lucha contra los PFAS da un nuevo paso en Francia. Ciertas instalaciones industriales que vierten estas sustancias al agua entrarán en la fase operativa del nuevo canon por contaminación del agua por PFAS.
El objetivo es sencillo en su principio: hacer que los emisores contribuyan más al coste de la contaminación, según el principio de "quien contamina, paga". En la práctica, el dispositivo es más complejo. No todas las empresas están afectadas, se aplica un umbral mínimo de vertido y las modalidades de cálculo son particulares para este primer año.
Entonces, ¿qué cambia realmente el 1 de septiembre? ¿Quién tendrá que pagar? ¿Cuánto? ¿Y puede este nuevo canon PFAS 2026 contribuir realmente a reducir la presencia de estas sustancias en el medio ambiente y en el agua?
¿Qué es el nuevo canon por PFAS?
Los PFAS, o sustancias per- y polifluoroalquiladas, constituyen una vasta familia de sustancias químicas utilizadas desde hace varias décadas por sus propiedades particulares: resistencia al calor, al agua o a las grasas, entre otras.
El problema es su gran persistencia en el medio ambiente. Algunos PFAS pueden encontrarse en los suelos, las aguas superficiales, las aguas subterráneas y, en determinadas situaciones, en los recursos utilizados para producir agua potable.
Ante esta problemática, Francia ha reforzado progresivamente su arsenal reglamentario. La ley del 27 de febrero de 2025 destinada a proteger a la población de los riesgos relacionados con los PFAS ha marcado varios hitos en materia de reducción de emisiones, prohibición de ciertos usos y vigilancia.
La ley de presupuestos para 2026 creó posteriormente en el Código de Medio Ambiente un nuevo canon por contaminación del agua por PFAS. Su principio es hacer contribuir financieramente a determinados operadores industriales en función de la masa de PFAS que vierten al agua.
El canon se abona a las agencias del agua. Estos recursos forman parte de su presupuesto, utilizado especialmente para ayudar a las colectividades y a los actores locales en la prevención de la contaminación y la protección de los recursos hídricos.
1 de septiembre de 2026: ¿entra realmente en vigor el canon PFAS en esta fecha?
Este es uno de los puntos importantes que hay que aclarar.
El canon PFAS no se crea jurídicamente el 1 de septiembre de 2026. El artículo L.213-10-2-1 del Código de Medio Ambiente que lo instaura entró en vigor el 1 de marzo de 2026, tras la ley de presupuestos para 2026.
El decreto n.° 2026-545 del 25 de junio de 2026 precisó posteriormente las modalidades de aplicación de este canon. Una orden del mismo día define, en particular, los métodos de toma de muestras, análisis y determinación de las masas de PFAS vertidas.
El 1 de septiembre de 2026 constituye, en cambio, una fecha operativa fundamental.
A partir de esta fecha, las disposiciones de la orden relativas a las mediciones, los dispositivos de autovigilancia y las campañas de medición se vuelven aplicables. Para ciertas instalaciones que deben recurrir a la autovigilancia en 2026, solo se tienen en cuenta los vertidos realizados a partir del 1 de septiembre para determinar la base imponible de este primer año.
Para los demás casos, el decreto prevé un régimen transitorio: la base imponible de 2026 corresponde a cuatro doceavos de la masa anual resultante de la campaña de medición de referencia.
Por lo tanto, es más exacto hablar de una puesta en marcha operativa del canon PFAS a partir del 1 de septiembre de 2026 que de una creación del impuesto en esta fecha.
¿Qué empresas están afectadas por el canon PFAS?
El canon no afecta a todas las empresas francesas que utilizan o han utilizado PFAS.
El Código de Medio Ambiente se refiere a los operadores de instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente sometidas a autorización cuya actividad conlleve el vertido al medio natural, directa o indirectamente a través de una red de recogida de aguas residuales, de PFAS pertenecientes a la lista definida por la reglamentación.
La orden del 25 de junio de 2026 precisa las secciones de las ICPE (instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente) afectadas por las modalidades de establecimiento del canon. En ellas se incluyen diferentes actividades industriales relacionadas principalmente con el tratamiento de superficies, la química, el tratamiento de residuos, ciertas industrias textiles, papeleras o incluso otros procesos industriales que puedan verse afectados.
Dicho de otro modo, una empresa no es automáticamente contribuyente simplemente porque se detecten PFAS cerca de su actividad.
Otros dos elementos son importantes.
En primer lugar, las depuradoras de aguas residuales están expresamente excluidas del canon en concepto de su explotación. Esto se explica, en particular, por el hecho de que una estación puede recibir PFAS procedentes de actividades situadas aguas arriba sin ser ella misma el origen de su emisión.
En segundo lugar, se prevé un umbral mínimo: el canon no se debe pagar cuando la masa de PFAS vertida durante un año natural no supera los 100 gramos.
El dispositivo se dirige, por tanto, a un perímetro preciso de instalaciones industriales y no al conjunto de los actores susceptibles de estar en contacto con estas sustancias.
¿Qué PFAS están afectados?
El término "PFAS" designa a una familia extremadamente vasta. El canon francés, por tanto, no se aplica indistintamente a todos los compuestos que puedan entrar en esta definición.
El decreto del 25 de junio de 2026 establece una lista de 28 sustancias imponibles.
Incluye, en particular, varios PFAS que ya están siendo objeto de una vigilancia especial, como:
- el PFOA;
- el PFOS;
- el PFHxS;
- el PFNA;
- el PFHxA;
- el PFBS;
- el HFPO-DA, a veces asociado a la denominación GenX;
- así como el ácido trifluoroacético, o TFA.
La inclusión del TFA es particularmente notable dada la creciente atención prestada a esta sustancia en el medio ambiente y los recursos hídricos.
Esta lista reglamentaria es importante para comprender el funcionamiento del canon: el importe no se calcula a partir de una noción general de "contaminación por PFAS", sino a partir de la masa de las sustancias definidas precisamente por el Código de Medio Ambiente.
¿Cuánto tendrán que pagar los industriales?
La tarifa fijada por la ley es de 100 euros por hectogramo de PFAS, es decir, 100 euros por 100 gramos. Esta tarifa se indexa posteriormente a la inflación según las modalidades previstas por el Código de Medio Ambiente.
Para entender el orden de magnitud, podemos tomar algunos ejemplos teóricos simples, sin contar posibles deducciones o reducciones:
| Masa imponible de PFAS | Importe teórico |
|---|---|
| 100 g | 100 € |
| 500 g | 500 € |
| 1 kg | 1 000 € |
| 2 kg | 2 000 € |
| 10 kg | 10 000 € |
Estos ejemplos permiten comprender la tarifa, pero no constituyen necesariamente el importe realmente debido por una instalación.
De hecho, la base corresponde a la masa de los PFAS afectados presente en el agua vertida durante el año, tras deducir la masa de estas mismas sustancias que ya estaba presente en el agua captada por la empresa para su actividad. Corresponde al operador justificar esta cantidad inicialmente presente.
Otra particularidad: cuando los PFAS se vierten a través de una red de recogida de aguas residuales y son objeto posteriormente de un tratamiento de depuración, la ley prevé una reducción de la base imponible de entre el 50 % y el 90 %, según el rendimiento del proceso de tratamiento.
El cálculo es, por tanto, más complejo que una simple multiplicación entre la concentración medida a la salida de un sitio y la tarifa del canon.
¿Cómo se medirán los vertidos de PFAS?
Este es precisamente uno de los retos del dispositivo que se vuelve operativo a partir del 1 de septiembre.
El decreto distingue dos regímenes según las cantidades vertidas.
El umbral reglamentario utilizado para determinar el modo de seguimiento se fija en 2 kilogramos de sustancias afectadas durante el año de referencia.
Cuando se alcanza o supera este umbral, el operador debe poner en marcha un dispositivo de autovigilancia de sus vertidos según las condiciones reglamentarias.
Por debajo de este umbral, la determinación puede basarse en campañas de medición realizadas según las modalidades previstas por los textos.
Para 2026, año de inicio, se prevé un dispositivo transitorio. Cuando ya se haya realizado una campaña de medición entre 2022 y 2025 en el marco de las obligaciones medioambientales aplicables, la campaña más reciente puede servir de referencia para determinar el régimen de seguimiento.
Las tomas de muestras y los análisis no pueden realizarse de manera arbitraria. La orden del 25 de junio fija las condiciones de muestreo de los efluentes, los métodos de análisis y las modalidades que permiten determinar las masas vertidas.
El reto es esencial: para aplicar el principio de "quien contamina, paga", hace falta poder medir de forma suficientemente fiable lo que se vierte realmente.
¿Por qué Francia pone en marcha este canon?
La lógica va mucho más allá de la simple creación de un nuevo ingreso fiscal.
Los PFAS plantean una dificultad particular porque su persistencia puede hacer que la gestión de una contaminación sea larga y costosa. Una vez que ciertas sustancias se dispersan en el medio ambiente, intervenir en los recursos contaminados puede requerir tratamientos suplementarios e inversiones importantes.
Francia busca, por tanto, reforzar simultáneamente la vigilancia, la reducción de las emisiones en origen y la contribución financiera de los emisores.
La cuestión de la financiación está lejos de ser teórica.
En un informe publicado en el verano de 2026 dedicado a los PFAS y los pesticidas, una misión que reúne, entre otros, a la IGAS y la IGEDD, estima que los diferentes escenarios estudiados para la descontaminación del agua potable podrían generar unos sobrecostes de entre 1.300 y 5.700 millones de euros al año.
El informe subraya así el interés de reforzar los mecanismos basados en el principio de "quien contamina, paga", al tiempo que indica que, probablemente, no podrán financiar por sí solos la totalidad de las necesidades.
Este es un punto central del debate: ¿quién debe soportar el coste de una contaminación persistente? ¿Los productores y emisores, las colectividades, los consumidores a través de su factura del agua o una combinación de estos actores?
El canon PFAS aporta una primera respuesta al hacer contribuir directamente a determinadas instalaciones responsables de vertidos medibles.
¿Será suficiente el canon PFAS para reducir la contaminación del agua?
Por sí solo, probablemente no.
El dispositivo crea una señal económica: cuanto mayor es la masa imponible vertida, más aumenta el canon. También refuerza el interés de medir con precisión los vertidos y puede animar a algunas empresas a invertir en su reducción en origen.
Pero su perímetro sigue estando acotado. No todas las empresas están afectadas, no todas las sustancias de la familia de los PFAS están integradas en la base imponible y las instalaciones que vierten un máximo de 100 gramos al año no pagan el canon.
El importe en sí mismo también puede suscitar discusiones sobre su carácter realmente incentivo. Una masa imponible de un kilogramo corresponde, antes de tener en cuenta las reglas particulares, a una tarifa de 1.000 euros. Para una gran instalación industrial, este importe puede ser limitado respecto al coste potencial de una modificación de proceso o de un equipo de tratamiento.
El canon debe entenderse, por tanto, como una herramienta entre otras.
Se inscribe en una política más amplia que comprende la reducción de las emisiones, la vigilancia de los medios, la evolución de los usos industriales y la reglamentación de ciertos productos que contienen PFAS.
Desde enero de 2026, la vigilancia del agua potable también ha dado un paso importante: el límite de calidad europeo sobre la suma de 20 PFAS está integrado ahora de forma obligatoria en el control del agua destinada al consumo humano.
Para los particulares que deseen comprender lo que implica concretamente esta vigilancia, nuestro artículo Agua del grifo y PFAS: ¿cómo saber si su agua está afectada? explica cómo consultar las informaciones disponibles sobre su agua.
PFAS: hacia una mayor responsabilización de los contaminadores
El 1 de septiembre de 2026 no marca, por tanto, la aparición repentina de un "impuesto PFAS", sino una etapa determinante en la puesta en marcha de un dispositivo construido progresivamente desde 2025.
El canon está jurídicamente en vigor desde el 1 de marzo de 2026. El decreto y la orden de junio fijaron después su funcionamiento concreto, con una aplicación de las nuevas modalidades de medición y autovigilancia a partir del 1 de septiembre.
Más allá de la fiscalidad, esta evolución traduce sobre todo un cambio de lógica: el coste de la contaminación del agua por PFAS ya no debe recaer únicamente sobre las colectividades y los usuarios encargados de gestionar la contaminación aguas abajo.
Queda ahora observar el efecto real del dispositivo: cuántas instalaciones serán efectivamente contribuyentes, qué importes recaudarán las agencias del agua y, sobre todo, en qué medida esta presión reglamentaria y financiera conducirá a una reducción efectiva de los vertidos.
Preguntas frecuentes sobre el canon PFAS 2026
¿Entra en vigor el canon PFAS el 1 de septiembre de 2026?
No exactamente. La disposición legislativa que instaura el canon entró en vigor el 1 de marzo de 2026. El 1 de septiembre marca, en particular, el inicio de la aplicación de las modalidades de medición y autovigilancia previstas por la orden del 25 de junio, así como de las disposiciones particulares utilizadas para calcular el canon de 2026.
¿Quién debe pagar el canon PFAS?
Afecta a ciertas instalaciones clasificadas para la protección del medio ambiente sometidas a autorización cuya actividad conlleve el vertido al agua de PFAS que figuran en la lista reglamentaria. Las depuradoras están excluidas en concepto de su explotación.
¿A partir de qué cantidad de PFAS se debe pagar el canon?
El canon no se aplica cuando la masa de PFAS afectado vertida durante el año no supera los 100 gramos.
¿Cuál es el importe del canon PFAS?
La tarifa prevista por el Código de Medio Ambiente es de 100 euros por hectogramo, es decir, 100 euros por 100 gramos de masa imponible. Esta tarifa se indexa a la inflación.
¿Cuántos PFAS están afectados por el canon?
El decreto del 25 de junio de 2026 fija una lista de 28 sustancias, entre las cuales figuran el PFOA, el PFOS, el PFHxS, el PFNA y el TFA.
¿Pagarán los particulares este canon?
No. El canon se dirige a los operadores de instalaciones industriales que cumplen los criterios fijados por el Código de Medio Ambiente. No se factura directamente a los particulares.
Fuentes
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Légifrance – Código de Medio Ambiente, artículo L.213-10-2-1
Canon por contaminación del agua por PFAS: ámbito de aplicación, umbral de 100 g, tarifa de 100 € por hectogramo, reglas de cálculo y reducciones. -
Légifrance – Decreto n.° 2026-545 del 25 de junio de 2026 relativo al canon por contaminación del agua por PFAS
Modalidades de aplicación del canon, lista de las sustancias afectadas, umbrales de seguimiento y disposiciones transitorias aplicables en 2026. -
Légifrance – Orden del 25 de junio de 2026 relativa a las modalidades de determinación de las masas de PFAS vertidas
Métodos de toma de muestras y de análisis, campañas de medición y dispositivos de autovigilancia aplicables a partir del 1 de septiembre de 2026. -
Ministerio de la Transición Ecológica – Reglamentación francesa sobre los PFAS
Contexto reglamentario, vigilancia de los vertidos industriales y estrategia de reducción de la contaminación por sustancias per- y polifluoroalquiladas. -
IGAS / IGEDD – Descontaminación del agua potable: PFAS y pesticidas, informe publicado en 2026
Estimación de los costes vinculados a la descontaminación del agua potable y análisis de la financiación según el principio de "quien contamina, paga".
